En un movimiento significativo hacia la regulación ambiental, el Gobierno del Estado de México ha promulgado el «Decreto Número 225» el 28 de diciembre de 2023, estableciendo dos innovadores impuestos ecológicos: el Impuesto Ecológico a la Disposición, Confinamiento y Almacenamiento de Residuos, y el Impuesto a la Emisión de Contaminantes al Agua.
Estas medidas fiscales buscan incentivar prácticas empresariales más sostenibles, imponiendo una tarifa de $100 pesos por tonelada sobre la disposición, confinamiento o almacenamiento de residuos sólidos urbanos o especiales. Paralelamente, las emisiones contaminantes al agua enfrentarán cuotas diferenciadas de $108 pesos por metro cúbico para contaminantes biodegradables y $141 pesos por metro cúbico para los no biodegradables. Con la entrada en vigor de estos impuestos el 1° de abril de 2024, se prevé que los contribuyentes efectúen sus pagos de forma mensual o trimestral.
Ante esta nueva legislación, es crucial que las empresas evalúen su impacto potencial y consideren las estrategias legales a su disposición. La naturaleza de estos impuestos ecológicos sugiere la posibilidad de argumentos jurídicos sólidos para impugnar su constitucionalidad, mediante un juicio de amparo indirecto. Los plazos para tal impugnación se establecen en 30 días tras la entrada en vigor de los impuestos, o 15 días después de efectuar el primer pago correspondiente.
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